Un tribunal oral federal en Jujuy condenó al sargento primero Daniel Abraham Maidana y al comandante Pedro David Guerrero por su involucramiento en la desaparición de mercadería secuestrada, mientras que tres suboficiales relacionados fueron absueltos.

La sentencia, dictada hace unos meses, estableció penas de prisión condicional para ambos acusados.

La investigación comenzó a fines de marzo de 2022 cuando el jefe del Escuadrón 21, comandante principal Víctor Manuel Alcoba, denunció la desaparición de una gran cantidad de mercadería secuestrada.

El fiscal federal Sebastián Gabriel Jure, de la Unidad Fiscal de Jujuy, lideró la investigación y el juicio.

Según los testimonios presentados en el juicio, Maidana, que era el encargado del depósito de secuestros, sacó la mercadería de la instalación sin autorización judicial ni de la Secretaría General de Presidencia de la Nación.

El fiscal argumentó que Maidana había violado su deber de administrar adecuadamente los bienes encomendados y había cometido malversación de caudales públicos.

En cuanto a Guerrero, el tribunal lo condenó por incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que no denunció la desaparición de la mercadería ni investigó el hecho.

El fiscal sostuvo que Guerrero tenía la obligación de hacerlo como segundo jefe del Escuadrón. Los tres suboficiales absueltos, Julio César Rivadeneira, Julio César Nieto y Marcos Federico Aufrere, fueron encontrados inocentes debido a la falta de pruebas que demostraran su participación en el incidente.

El tribunal aplicó el principio in dubio pro reo, que establece que si hay dudas razonables sobre la culpabilidad del acusado, se debe absolverlo.

La condena de Maidana y Guerrero es un golpe duro para la institución policial y tiene importantes implicaciones para la lucha contra la corrupción en el país.

Es fundamental que los responsables de estas conductas sean castigados para restaurar la confianza pública y garantizar que las instituciones estén trabajando con transparencia y honestidad, destacó un experto en criminología.

La sentencia también destaca la importancia de cumplir con los protocolos establecidos para la donación de mercadería secuestrada y la necesidad de una mayor vigilancia en el manejo de bienes públicos.

El caso también ha generado preocupación sobre la falta de control y supervisión en algunas áreas del Estado.

La sentencia dictada por el tribunal oral federal en Jujuy es un paso importante hacia la justicia y la transparencia en la gestión pública.

Es fundamental que se sigan investigando y castigando a los responsables de conductas corruptas para restaurar la confianza del público en las instituciones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *